El ex destacamento de Lomas del Mirador, donde desapareció Luciano Arruga, fue cedido parcialmente a sus familiares y amigos que ya planean convertirlo en un espacio de defensa de derechos humanos.
Antes de septiembre de 2007, la seguridad de Lomas del Mirador estaba a cargo entre otras de la Comisaría 8°, que durante la dictadura funcionó como centro clandestino de detención y tortura conocido como “Sheraton”, entonces dirigido por Leopoldo Luis Baume, responsable de la desaparición, entre muchos otros, de Héctor Oesterheld.
En esa fecha, a pedido de una serie de vecinos nucleados en VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador), el intendente Fernando Espinoza inauguró un destacamento policial que funcionaría como “base de operaciones” de la 8°, y reforzaría las medidas que tendían a generar “más seguridad” reclamada por los vecinos. El lugar elegido para el destacamento fue una casa de tres ambientes y un pequeño parque sobre la calle Indart, a pocas cuadras de dos lugares picantes señalados por VALOMI: la villa Santos Vega y el asentamiento 12 de octubre.
En una esquina de la 12 de octubre vivía Luciano Arruga junto a su madre Mónica y sus dos hermanos menores. En diagonal, a 50 metros apenas, hay un chalet de dos pisos y camioneta que pertenece al repartidor de panes Fargo Gabriel Lombardo, fundador de VALOMI, y agitador explícito de la criminalización de la pobreza y los reclamos de mano dura.
El chalet del comerciante supo ser sede de la campaña provincial de Francisco De Narváez – cuando le terminó ganando a Néstor Kirchner- y también de generosos asados a los efectivos policiales del destacamento, según relatan en la zona.
Lombardo se encargó de salir en los medios contando que lo habían asaltado 39 veces y asegurando que “los malandras están en las villas”. Cuando desapareció Luciano también filtró versiones acerca de que el joven estaba en Córdoba o en alguna de las villas de Capital, desestimando toda implicancia policial. Pocos días después, en febrero del 2009, asesinaron en Lomas del Mirador al florista de Susana Giménez; el hecho, que puede resultar anecdótico, fue aprovechado por la conductora para alardear los discursos de mano dura promovidos por Lombardo y VALOMI, y sellar una manera de concebir la “seguridad”.
Por el crimen del florista Gustavo Lanzavecchia hubo dos condenados a perpetua, mientras que todavía se sigue buscando dónde está Luciano Arruga.
¿Seguridad para quién?
Vanesa Orieta, hermana de Luciano, cuenta de qué se trataba la “mayor seguridad” en manos del destacamento: “Esa policía era la encargada de generar una seguridad para un sector acomodado mientras que para el otro lo que había eran detenciones arbitrarias, palizas, propuestas para delinquir y persecución”.
Vanesa ya no recuerda cuándo fue la primera vez que fue al destacamento de la calle Indart: “Iba cada dos por tres para buscar a mi hermano o a otro pibe porque me pedían ayuda”.
La seguridad que proveía el destacamento puede leerse a través de dos sucesos ocurridos en septiembre de 2008:
-Conocidos de la villa Santos Vega presentaron a Luciano y sus amigos a un hombre de pelo corto que manejaba un auto blanco. Mónica Alegre, la madre de Luciano, lo vio en la parada con los pibes y se extrañó; cuando le preguntó a su hijo, éste le confirmó que “estaba pasando algo” pero que no importaba: “cuanto menos sepas, mejor”. Luego fue aflojando y le relató a Mónica, según cuenta, que el policía le garantizó que su familia iba a estar mejor si trabajaba para él. Luciano se negó, y es entonces cuando empezó su persecución.
-El 22 de septiembre Luciano fue detenido durante varias horas en el destacamento de manera ilegal, ya que no se permite retener gente si no es en una comisaría o una cárcel. Cuando su hermana Vanesa fue a buscarlo lo escuchó gritar por los golpes que le daban y supo que lo tenían en la cocina. También escuchó un grito: “Negro de mierda, te van a violar en la 8° y vas a aparecer en un zanjón”. A Luciano le adjudicaban el nunca comprobado robo de dos celulares. Salió con moretones y rengueras por los golpes que tuvo que atenderse en el Hospital de San Justo.
La desaparición
La secuencia que involucra al destacamento sigue el propio día en que Luciano fue visto por última vez. La causa da por probado que el 31 de enero de 2009 Luciano Arruga fue levantado por un móvil policial en la esquina de Perú y Pringles (a metros de la 12 de octubre, frente a la placita donde paraba) y los peritajes demostraron que fue llevado al destacamento de la calle Indart. Incluso, en la causa figura un testigo reservado que asegura haberlo visto a Luciano “golpeado y ensangrentado” en el destacamento policial.
Cuando Mónica fue a denunciar que su hijo no había vuelto los efectivos del destacamento le contestaron: “Quedate tranquila que debe estar con alguna minita”. Le tomaron una declaración pero no le dieron copia. Cuando Vanesa fue a reclamar esa copia, se encontró con un penetrante olor a lavandina en medio de un improvisado ataque de limpieza. Luego se comprobó también que una serie de hojas del libro de entradas habían sido arrancadas.
Por presión familiar, la investigación del abogado Juan Manuel Combi y algunas concesiones de la fiscal Celia Cejas fueron removidos de su cargo ocho oficiales de apellidos Sotelo, Borrego, Vázquez, Fekter, Márquez, Díaz y Zeliz, todos del destacamento.
El 28 de septiembre del 2011 el destacamento de la calle Indart debió cerrar ante las evidencias del caso, y fue trasladado a un predio deportivo que también está siendo investigado por los peritos por la desaparición de Luciano.
Cuenta Vanesa: “Una vez cerrado, el municipio quería transformarlo en una repartición municipal. Nosotros entendíamos que el tipo de cuidado que le iban a dar a ese lugar era importante para los peritos y solicitamos una medida cautelar”. Esa medida se mantiene al día de hoy e impide ingresar a determinados ambientes del destacamento.
Crear vida desde la muerte
Los familiares de Luciano siguieron avanzando con la idea de hacer del ex descamento un lugar social y cultural en defensa de los derechos humanos y en contra de la violencia institucional. El intendente Fernando Espinoza se comprometió a cederlo, colgó un cartel que dice “Espacio para la memoria social y cultural Luciano Arruga”, pero los familiares nunca tuvieron la coordinación del espacio.
El 23 de marzo de 2012, en un acto que reunió a Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Pablo Pimentel y otros referentes de derechos humanos, Vanesa Orieta denunció que la intendencia había cambiado la cerradura sin aviso, entre otros desmanejos. Dijo en aquella jornada: “Hoy estamos del lado de afuera lamentablemente. Por eso llamamos la atención de todos aquellos que quieren tener una participación para que tengan en cuenta que si nosotros no entramos, ellos van a tener las manos manchadas con sangre. Es increíble que nosotros, que venimos peleando por este espacio, lo tengamos que ver de afuera, y que aquellos que no han hecho absolutamente nada por nosotros ni por la familia ni por Luciano, hoy pongan tremendo cartel y que chapeen con el nombre de Luciano y que intenten hacer de esto un centro social y deportivo. No lo vamos a permitir”.
El pasado 17 de octubre los familiares y amigos de Luciano trazaron una estrategia que forzara a cambiar las cosas: bien temprano, tomaron por tiempo indeterminado la parte externa del destacamento. Concretamente reclamaban dos cosas: avances en la investigación forense de esa dependencia, donde un georadar detectó movimientos de tierra; y el cumplimiento de la promesa del intendente de La Matanza de ceder el espacio a familiares y amigos de Luciano. Todo en el marco de una campaña que llamaron “por el derecho a saber dónde está Luciano”, que continúa y continuará.
Luego de más de dos meses de acampe, lograron mover los dos objetivos: el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó los peritajes en el lugar, cuyos resultados se aguardan; y el intendente Espinoza – el mismo que había inaugurado junto a Lombardo el destacamento en 2007- cedió en carácter de “comodato” (no definitivo) el ex destacamento a la Comisión Por la Memoria de La Matanza, en representación de la familia de Luciano.
Cómo sigue la recuperación del espacio:
-“En primer lugar hay que esperar los resultados de los peritos para saber si levanta la medida cautelar o no, para poder entrar”.
-“Una vez que se levante, lo primero es entrar a un lugar que nos causa mucho dolor, y tratar de llenarlo de contenido sin invadir esos espacios que son muy significativos. Por ejemplo, la cocina para muchos jóvenes significó el lugar de detención donde eran golpeados. Entonces tiene que haber un trabajo de mucho respeto, que trate de informar esas situaciones”.
-“Esto es lo que hay que hacer: desembarcar en un lugar hostil y llenarlo de contenido, que sea una prueba objetiva de a dónde llegan los pedidos de más seguridad y cómo se criminalizan a los sectores humildes”.
No es nada nuevo lo que se propone Vanesa junto a familiares y amigos: ya vienen realizando una radio abierta, actividades sociales, culturales e informativas en los tres años sin Luciano. La idea, dice Vanesa, es llevar esto que vienen en la calle y en las plazas hacia adentro del ex destacamento: “Que los jóvenes se apropien de ese espacio, que lo llenen de actividades, que carguen información y defiendan sus derechos”. Otras puntas que se planean para este espacio para la memoria social y cultural son una biblioteca de derechos humanos y un archivo de casos de violencia institucional.
Qué falta para poder festejar: “Ahora hay que avanzar con el EAF en otros lugares como en el Monte Dorrego, donde trasladaron el destacamento”.
Y sobre todo, que la cesión del espacio no sea a medidas, como ya ha sucedido con la voluntad del municipio: “Queremos que se firme el comodato y en paralelo se avance con una medida de sanción que favorece el pedido de expropiación del espacio”. Esta sería la maniobra legal que les permitiría a los familiares tener propiedad definitiva sobre el ex destacamento.
Vanesa cierra: “Todos los lugares que se abran en defensa de los derechos humanos es necesario que tengan una participación de organismos de derechos humanos independientes de todo gobierno, que los nombres no se usen, y hacer un análisis humilde y objetivo de lo que significan los derechos humanos en democracia”.