Desde el 11 de junio, arrancó el juicio a los fumigadores que violaron la ley contra la contaminación de residuos tóxicos, en el barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba. Allí, el 33 por ciento de las muertes son por tumores, cuando en el país el 18 por ciento es por esa razón. Por un lado: los dueños de los aviones tóxicos y de los campos sojeros. Del otro: unas madres que pelean por sus hijos. Entre tanto: un Estado que sigue dando créditos a los que producen glifosato.
Primero se quintuplicaron los barbijos, los chicos pelados, las mujeres con pañuelos en la cabeza. Después, la noticia: “Su hijo tiene cuatro agroquímicos en sangre”. Más tarde, la negación: “Ya no tiene nada”. La ira: “Mentira. ¿Me va a decir que se le fueron?”. Entonces, en 2002, la organización, la reunión con la FUNAM (Fundación para la Defensa del Ambiente). Ahí nomás, la demanda. Durante los diez siguientes años, los estudios. Más ira: todos confirmaban que el glifosato y el endosulfán de los fumigadores traían malformaciones y tumores; el arsénico del suelo ayudaba. Luego, en 2007, la aceptación estatal: es un barrio contaminado. El año posterior, la prohibición: no más agrotóxicos a menos de 500 metros de lugares habitados y 1500, si es por dispersión aérea. Mientras tanto, la discriminación: si viene de Ituzaingó Anexo, está enfermo; si está enfermo, contagia.
Ahora, desde el 11 de junio, el juicio a los fumigadores que violaron la Ley 9.164 de contaminación con residuos tóxicos.
Monsanto, los propietarios de sembrados de soja y de las avionetas fumigadores tuvieron mala suerte. Sus víctimas somos hijos. Y nuestras Madres nos van a defender. “Al principio no me daba cuenta de que cada vez que fumigaban, se le paralizaba el cuerpo”, cuenta Corina Barbosa sobre su hijo. Desde que la cantidad de chicos con barbijo se quintuplicaron, algo hizo ruido. Y las madres activaron sus sentidos. Sofía Gatica, una de ellas, no se resignó: si el Estado no hace el censo completo para ver la cantidad de casos de cáncer por habitante, lo harán ellas.
Los dueños de campos de soja situados en los alrededores del barrio Ituzaingó Anexo, Francisco Parra y Jorge Gabrielli, y el dueño de un avión fumigador, Edgardo Pancello, hoy rearman su estrategia gracias a la feria judicial y al cambio de carátula: ya no contaminación dolosa, ahora se la reconoce también –para Parra- continua.
Gatica se repite una y otra vez que lo que espera es justicia y el fin de este “modelo de genocidio encubierto”. Sabe que el hilo se está cortando por lo más delgado, porque el modelo está instalado en toda la Argentina y los responsables mayores son Monsanto, Cargill, pero este juicio abre muchas puertas.
Para Medardo Ávila Vázquez, de Médicos de Pueblos Fumigados, las pruebas están: en Malabrigo, Norte de Santa Fe, 6 por ciento de los niños nacían con malformaciones. El cuádruple del promedio del resto del país. Casualmente están cerca de plantaciones fumigadas. En Ituzaingó Anexo, los tumores son la causa del 33 por ciento de los fallecimientos; en todo el país, del 18. En Corrientes, un chico vecino de una tomatera murió de un coma hepático producido por agrotóxicos que lo contaminaron cuando jugaba en su patio. Diez días antes habían muerto los chachos, pollos y perros de la casa. En Chaco, la curva que muestra la cantidad de malformaciones por año coincidía con la de superficie de soja sembrada en la zona. Estos fenómenos se repiten, mientras que todas las demás causas de malformaciones se mantienen estables. Una familia que sufría permanentes fumigaciones sufrió dos muertes por tumores: Débora, 26 años, tres tumores en la cabeza; Ezequiel, 25 años, 22 tumores distribuidos en la cabeza y el estómago. Yolanda, de 64 años, tiene dos tumores en la cabeza y sufre discapacidad motriz.
Ávila Vázquez denuncia decisiones políticas no no-tomadas, sino sí-tomadas: “En algunos países, como Holanda y Dinamarca, se disminuyen las retenciones y se les dan créditos a quienes no usen agroquímicos o usen menos. En Argentina, Cristina ha dado un crédito para que una fábrica china fabrique glifosato en Ushuaia”.
Raúl Montenegro, de FUNAM, agrega que se buscará relacionar enfermedades y muertes ocurridas en el barrio con la aplicación de plaguicidas, pero también con PCBs, metales pesados y arsénico, otros contaminantes presentes en el lugar, y calificó de «histórica la búsqueda de asociación entre las enfermedades y muertes, y el cóctel de contaminantes al que estuvieron expuestos los pobladores». Para los vecinos querellantes, la responsabilidad también atañe a los funcionarios públicos, “tanto en lo que hace al control del uso de plaguicidas como al control de los otros contaminantes que actuaban en el barrio”.
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, en su comunicado de apoyo ayuda a tomar posición: “Lo más peligroso es el monocultivo de las mentes: eso de hacernos creer que esto tiene que ver con el desarrollo, con el progreso, con la vida. No. Eso tiene que ver con la destrucción de la vida. El desarrollo tiene que ser un equilibrio del ser humano con la madre naturaleza y no explotación y enriquecimiento de unos pocos a costo de los demás».