Silvia Suppo fue secuestrada, torturada, violada y sometida a un aborto por el Estado durante la última dictadura. Su entonces novio está desaparecido desde entonces. 23 años después, logró la condena de seis expolicías. 98 días después de esa sentencia fue asesinada de nueve puñaladas en una supuesta ocasión de robo. Videos que funcionarían como prueba fueron desaparecidos por la policía; testigos claves no son llamados a declarar; testigos con identidad reservada son sacados a la luz de alguna manera; autoimplicados, si son contextualizados, no sería raro ver como más víctimas.
Durante la dictadura, Silvia Suppo, con 17 años, fue secuestrada en el campo clandestino de concentración conocido como La Casita, cerca de Santo Tomé, torturada, violada y sometida a un aborto. Meses antes, los grupos policiales habían secuestrado
Marina Destéfani es una de sus hijas. Habla rápido. Todavía duele. Todavía lucha.
Silvia Suppo fue asesinada hace tres años (causa «CÓCERES RODOLFO VALENTINO y SOSA RODRIGO ISMAEL S/ HOMICIDIO AGRAVADO» (Expte. N° 325 -Año: 2010), el 29 de marzo de 2010 a las 9 de la mañana en su local comercial («Siempre Cuero», sito en Sargento Cabral 260), de 9 puñaladas. Del lugar no se llevaron nada (dice la policía: faltaba el dinero de la caja y alguna mercadería de la talabartería -cadenas, anillos, aros, todo de oro y plata y un celular marca Samsung color negro con tapa-). Los implicados (que dan título a la causa) son dos pibes autoimplicados (interrogados por el Juez de Instrucción en lo Penal número Dos de Rafaela, Alejandro Mognaschi. Habrían matado “para evitar ser reconocidos”. No se explica el homicidio ni el ensañamiento. Tampoco se vincula con las intimidaciones permanentes que sufría, personas que se paraban desafiantes frente a su negocio). Ninguna prueba dice que hayan estado en el lugar el día del crimen. Hay otras dos personas señaladas como posibles cómplices o autores del hecho que insistentemente desde la justicia se ha tratado de desvincularlas de la causa. Es asesinada a tres meses (El 21 de diciembre de 2009) de que había conseguido la sentencia, prestando su testimonio (Silvia habló de la violencia sexual, de la violación como práctica de tortura especial contra las mujeres, una práctica sistemática, un delito aparte), de la causa (Víctor) Brusa (condenado a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad). Se había conocido también la sentencia que condenaba a altos funcionarios de la cúpula policial santafesina y demostraba cómo los viejos métodos siguen vigentes.
¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad si se criminalizó a dos pibes, se busca la hipótesis de homicidio en ocasión de robo? Vivimos con cámaras de seguridad que nos filman y no nos sirven cuando hace falta.
Teniendo en cuenta la condición de mujer de Silvia, no es casualidad el ensañamiento: 9 puñaladas a 3 meses de la sentencia Bruzza, 4 días del 24 de marzo. Ninguna prueba. En los medios de comunicación, invisibilidad.
Hay irregularidades denunciadas en los tres primeros cuerpos. Se recopiló una prueba de un video de terminal de ómnibus de Rafaela. Se ven a los dos autoimplicados hablando con una persona extraña que es la novia de uno de ellos. Ese video lo entrega personal de la terminal al subcomisario Amaya. Nunca fue incluido en el expediente ni analizado y se perdió. No argumentos. El policía negaba que se lo hubieran entregado. El concesionario decía que sí. Lo volvió a entregar ante la intervención de la PSA se volvió a perder el video. Nunca nos habilitaron la reconstrucción del hecho y ellos se niegan a hacerlo. Logramos que se hicieran tres autopsias. Todo eso fue por empuje nuestro y pedidos nuestros. Cuando pedimos que por ejemplo, las dos testigas que reconocen a uno de los dos implicados que intentan sobreseer llaman a que lo reconocen un 30 por ciento a declarar. La persona dijo que no se acordaba nada, ante la trascendencia del caso. A la que reconocen un 100 por ciento no la llaman a declarar. Pedimos peritajes completos de los cuchillos y las huellas nuevas. Todas las que se encontraron fueron manoseadas por la policía. Uno puede hacer dos lecturas: que las tomaron mal o que las arruinaron intencionalmente. De eso no se pudo recuperar nada. Falta ropa de los implicados. No tenía sangre la ropa de ellos. No tenían sangre los cuchillos que se encontraron. Todos esos peritajes fueron a pedido nuestro. Todo lo que se avanzó fue por pedido nuestro. No hubo una sola orden del juez. A lo sumo de diez que les pedíamos, aceptaba una y negaba nueve. Sobreseer, apelar, dilatar, generar conflictos entre partes para que la justicia tenga que definir. Eso dilata los tiempos. La prueba más contundente es un testimonio de un testigo de identidad reservada que ya no lo es porque llegan sobres con su identidad abierta, sale en un medio local que siempre se mostró criminalizando y deslegitimando nuestra lucha. Se publicó su nombre y se amedrentó con que nos estábamos metiendo con un narco de la ciudad, reivindicando ese discurso del miedo y del disciplinamiento. Nunca se investigó a pleno ninguno de los datos que arroja ese testimonio. Se lo intentó deslegitimar y no dan nunca lugar a lo que esa persona dijo. En eso estamos trabajando. Nunca se hicieron allanamientos. Nunca se investigaron las conexiones de esta causa con las otras causas que todavía siguen abiertas. La misma policía son los mismos que están implicados y nunca se buscó una conexión entre las demás causas abiertas de la época de la dictadura con quien era el novio de mi mamá. La hipótesis política nunca fue investigada. El juez intentó mandar a juicio la causa con estos dos pibes sabiendo que el fuero federal no permite que un homicidio común pueda ser juzgado. Lo que quiere hacer es que la causa se clausure.
Con el poder policial, respaldos político y mediático, declarar frente a los mismos policías a los que denunciamos, y más en una ciudad muy chica como Rafaela (95 mil habitantes), no es gratuito.