En la semana del #NiUnaMenos, Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, analiza las principales problemáticas en relación al acceso a la Justicia y los derechos de las mujeres. 
Cuando la dominación de los varones sobre las mujeres impuesta por el sistema patriarcal – y reproducida por la mayoría – excede a lo simbólico y los efectos del círculo de la violencia alcanzan a traspasar los cerrojos de lo doméstico, algunas víctimas llegan a las instituciones para reclamar justicia. En el mejor de los casos, logran iniciar procesos de denuncia largos y costosos, emocional y materialmente, que no siempre culminan en fallos libres del sesgo machista. A otras, les cuesta la vida.
– Necesitamos un enfoque de derechos humanos en la Justicia, que implica un enfoque de género. Pero eso no se traduce simplemente en incorporar juezas mujeres. Promovemos la participación social y política de las mujeres porque eso es lo que requiere la democracia, porque va a constituir un Poder Judicial más diverso, más rico, con debates más sustanciosos, pero de la misma forma que necesitás más personas de pueblos indígenas, de distintas clases sociales, de personas con discapacidad… El enfoque de género, por otra parte, se lo tenemos que reclamar a todas las personas, no esperar que sean solamente las mujeres las que defiendan a las mujeres. Se trata de que seamos una sociedad plural, democrática y respetuosa. Y eso nos lo debemos todos.

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Natalia Gherardi es la directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una ong creada hace diez años con el objetivo de documentar cuáles son los problemas en el ejercicio de derechos de las mujeres, a partir de reconocer una brecha entre el derecho en los libros y el derecho en acción. Quizás no sorprenda, pero los ejes problemáticos de la agenda de trabajo después de una década siguen siendo los mismos: violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, trabajo y políticas de cuidado, y participación social y política de las mujeres. El eje transversal: el acceso a la Justicia.

– El acceso a la Justicia se define como la posibilidad de transformar una situación identificada como una vulneración de derechos en un reclamo, a través de mecanismos institucionales existentes. Eso requiere, primero, que se pueda identificar y ahí entra en conflicto toda la gran naturalización que hacemos respecto de las condiciones de vida: la vivienda es la que tenés, el trabajo es como es, la relación de familia es la que hay, el vínculo afectivo siempre fue así… Esa naturalización impide actuar para exigir responsabilidades y buscar cambios. En ese sentido, hay que reclamar al Estado mayor alfabetización jurídica. Una vez que se logra eso, tenés que saber adónde reclamar, conocer los mecanismos institucionales. Y no tienen por qué ser solamente judiciales, pueden ser administrativos, que en general están muy subutilizados, a pesar de ser más accesibles para la gente que un tribunal.
– ¿Por dónde pasa esa dificultad en el acceso?
– Las reparticiones judiciales del país no están cerca de todas las personas. Por ejemplo, la provincia de Jujuy tiene tribunales en San Salvador de Jujuy y en San Pedro de Jujuy, si estás en la Puna o en las Yungas, olvidate. Las posibilidades de acceso están claramente más limitadas. Y no hace falta ir a Jujuy, si mirás la provincia de Buenos Aires, encontrás los mismos obstáculos. En principio son subjetivos, como decíamos, de conocimiento y de percepción, de la vulneración del derecho. También de desconfianza en el Poder Judicial, pero en general de las instituciones del Estado. Y después hay obstáculos objetivos muy concretos y tangibles, como la distancia geográfica, los horarios, los costos económicos, salvo excepciones vos no podés entrar a la Justicia si no vas de la mano de un abogado o abogada. Por otra parte, los tiempos de la Justicia son eternos y no hacen más que exacerbar esos costos económicos, esa desconfianza, etc. Finalmente, si lograste atravesar todo eso y llegaste a una sentencia, tenés que poder ejecutarla, hacerla efectiva, que es otro proceso, otra dificultad en muchos casos.
– Y en general, ¿cómo se inicia ese camino de reclamo y búsqueda de justicia?
– Primero hay que decir que la violencia física es la consecuencia de la discriminación, de la sujeción, de la dominación, de la desvalorización de las mujeres. Que otras personas imponen para las mujeres y que las mujeres aprendemos para nosotras mismas. Porque las mujeres también aprenden eso, se socializan en ese paradigma, construyen su subjetividad y su personalidad sobre la base de esas ideas. Dicho esto, ante situaciones de violencia, una fracción mínima llega a la denuncia. Hace poco, el Gobierno de la Ciudad hizo con nuestra colaboración la primera encuesta sobre violencia contra las mujeres y ahora estamos analizando los resultados. El 87% de mujeres que sufrieron una situación de violencia no buscó ayuda.
– ¿Las que denuncian a dónde van?
– A las comisarías. Es tremendo. Por un lado, no es sorprendente, porque son la repartición del Estado más descentralizada, la que está más cerca de casi todos los hogares. Y después está el imaginario social de que la comisaría está ahí para defenderte. Ahora lo que sucede cuando llegás a la comisaría es otra historia. Nuestro consejo, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires que hay otros espacios, siempre es “no vayas a la comisaría”. Se han hecho esfuerzos para entrenar y capacitarlas, pero eso no es suficiente porque está lleno de testimonios de personas que son maltratadas, violentadas, revictimizadas. De todas formas, más allá de que sostenemos que hay otros lugares más adecuados, no hay que descartar ese trabajo en las comisarías porque la gente va a seguir yendo ahí. Otro de los hallazgos es que ante el problema de la falta de campañas sostenidas, la gente no sabe, no conoce la ley, no conoce los lugares, los números de teléfono. Y eso también es responsabilidad estatal.

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¿Qué pasa cuando ante la expresión más extrema de la violencia machista, el femicidio, el proceso judicial no hace más que reproducir las desigualdades? En los fundamentos de un fallo de hace dos años de un tribunal oral de la provincia de Buenos Aires, se leen las razones por las que un hombre que violó y mató a una compañera de trabajo, es condenado por homicidio pero no por violación:
“Sin perjuicio de que se ha probado adecuadamente que en el contexto en que se desarrollaron los acontecimientos analizados, esto es un domingo a la mañana en la que únicamente el imputado y la víctima se encontraban en el interior de la fábrica en cuestión, que gritos calificados como desesperados fueron escuchados, cuanto menos por tres testigos, que en el torso y rostro del acusado se observaron lesiones de naturaleza defensivas, que algunas de las prendas de la víctima estaban rasgadas –especialmente pantalón y remera-, que también desgarro del material textil se advirtió en la bermuda del imputado a la altura de una de sus piernas, que restos de goma espuma –posiblemente provenientes del colchón hallado en el taller- se evidenciaron entre las nalgas de la víctima, como así también que se halló antígeno prostático en la vagina de la damnificada, siendo que la pericia de adn practicada determinó que no puede excluirse al imputado del perfil genético obtenido de la muestra biológica en cuestión, y que todo ello pareciera que acredita un tramo de la hipótesis acusatoria –justamente el del abuso sexual-; lo cierto es que la joven víctima además de presentar desfloración de antigua data no evidenció lesiones genitales de ninguna naturaleza”.
– ¿Cómo se trabaja para desarticular el machismo en la Justicia?
– Hay que trabajar en la formación de la profesión jurídica, con un eje transversal en los derechos humanos, que es algo que no sucede en todas las universidades. También hay que trabajar en los mecanismos de selección, diversificar la integración del Poder Judicial, mejorar la meritocracia a la hora de los nombramientos. Pero creo que nos falta trabajar mucho en la rendición de cuentas, y en ese sentido, desde el 2009 tenemos un Observatorio de Sentencias Judiciales. El Congreso se manifiesta a través de las leyes que se publican en el Boletín Oficial, el Ejecutivo se manifiesta a través de decretos, dictámenes y resoluciones que se publican en el Boletín Oficial, y el Poder Judicial se manifiesta a través de las sentencias y no las conocemos. Salvo las de las cortes superiores, en general no accedemos a las sentencias. Con internet eso empezó a cambiar y se empezó a circular la información de otra manera. Entonces nosotras empezamos a recopilarla, para analizarla y calificarla. La sentencia es la que nos dice lo que el derecho es, tiene el enorme poder de analizar el derecho en su aplicación a casos concretos y resolver acerca de las vulneraciones de derechos de las personas. El derecho se hace carne en esa aplicación. Y algunas de las sentencias inaceptables que se dieron a conocer en los últimos momentos nos muestran eso, qué pasa cuando se da publicidad a una sentencia y se exige rendición de cuentas.
Gherardi se refiere, por ejemplo, al accionar de los jueces Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués, que integran la sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, por una sentencia que emplea argumentos revictimizantes y estigmatizantes a un niño víctima de violencia sexual.  En el fallo, atenuaron una condena por abuso sexual gravemente ultrajante por considerar que un niño de seis años demostraba una familiaridad y una precoz “elección sexual homosexual” y por haber sido abusado por otras personas en ocasiones previas a la violación. La difusión de esta sentencia condujo al repudio social y a la decisión de iniciar un jury de enjuiciamiento. El 1 de junio, el juez Piombo presentó su renuncia.
Otro proceso judicial que generó denuncias sociales fue el de Yanina González, una mujer de 23 años con retraso madurativo. Ella estaba embarazada de seis meses cuando su novio, Alejandro Fernández, golpeó hasta matar a Lulú, la nena de dos años que ella había tenido con otra pareja. Yanina se había negado a tener relaciones sexuales con él. En vez de investigar un femicidio vinculado, Carolina Carballido Calatayud, de la Fiscalía Especializada en Género de Pilar, decidió acusar a Yanina de “abandono de persona” por la muerte de su nena. Tal como testimonió, Yanina pudo llevar a su hija a un centro de salud recién al día siguiente porque su pareja la había encerrado en una habitación bajo amenazas. Tras un año y medio de prisión domiciliaria, Yanina fue absuelta y recuperó la libertad.
– El caso de Yanina es paradigmático acerca de lo mal que puede funcionar un mecanismo especializado. No es cuestión de crear algo para llenar el casillero y cumplir. Es más fácil poner títulos y crear cosas nuevas que hacer que funcionen. Entonces primero pensemos dónde están los nudos problemáticos, cuáles son las necesidades… La Provincia de Buenos Aires creó las fiscalías especializadas en género, pero no hubo una preocupación seria por quién las integra, con qué equipos de trabajo, con qué formación, con qué mirada, con qué rendición de cuentas. Si no hay nada de eso, claramente el título de fiscalía de género no te lleva muy lejos. Desde ELA, junto con otras organizaciones, se hizo un pedido de informe a la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, la Dra. Carmen Falbo, para que dé cuenta de cuáles son los procedimientos y/o mecanismos destinados a garantizar la idoneidad y probada experiencia en la lucha contra la violencia de género de las personas que se han designado al frente de estas fiscalías especializadas.

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En Argentina, no existen datos oficiales sobre los femicidios, la expresión más brutal de la violencia machista contra las mujeres por el hecho mismo de ser mujeres. Desde hace años, La Casa del Encuentro coordina el  “Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano”, que releva los femicidios registrados por los medios de comunicación. El año pasado esta cifra escaló a 277. En los siete años desde que se creó el observatorio, se registraron 1808 femicidios.
– La falta de estadísticas es un tema que repetidamente mencionamos en todos los espacios, es sumamente importante porque no tenemos idea de la dimensión del problema en Argentina. Agradezco el trabajo enorme que hace La Casa del Encuentro desde hace años para que tengamos alguna mínima idea, pero al mismo tiempo me desespera que el Poder Ejecutivo nacional no le despierte la necesidad de contar con un dato oficial. Cuando se hablaba de la posibilidad de tipificar el femicidio penalmente algunos decían “para poder tener estadísticas”. Eso no es necesario, podrías construir estadísticas si te interesara, sin necesidad del tipo penal, y el ejemplo que siempre damos es el de los accidentes de tránsito: sabemos cuánta gente muere en accidentes de tránsito, pero no hay un tipo penal específico, en general es un homicidio culposo. Sin embargo porque nos interesa conocemos el dato. Claramente acá no nos interesa.
– ¿Cuáles son las expectativas para la convocatoria “Ni una menos”?
– Espero que sea una marcha masiva. Los carteles, las fotos, las réplicas de los dibujos e ilustraciones, estuvieron bien porque se masificó de una manera impensada, pero espero que todo eso se transforme en compromiso efectivo, en presencias, diversas y múltiples, no las mismas mujeres de siempre. El desafío es pasar del estupor, de la enorme preocupación que generan estas muertes violentas, a la acción y ahí con distintos grados de responsabilidad. El Poder Ejecutivo es el número uno sin duda, el Poder Judicial también. Y para la sociedad en conjunto espero que sea un punto de inflexión para reflexionar sobre las formas en que sostenemos las violencias cotidianas y después nos espantamos de la violencia extrema. Si se naturaliza la sumisión, la humillación, la subordinación de las mujeres, si se sostiene el acoso sexual callejero, en los espacios de trabajo y educativos, si se sostiene la falta de educación sexual integral y en derechos humanos desde la niñez para transformar esa socialización tan heternormativa y patriarcal, nada va a cambiar. Espero que sea una posibilidad de reflexionar colectivamente para que cada uno/a asumamos las responsabilidades que nos tocan. Nos toca a todos.

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Sin aborto no hay #NiUnaMenos
– Estamos trabajando para exigir la vigencia de las causales de aborto que están hoy, y eso no es renunciar a la legalización del aborto, son dos líneas de trabajo simultáneas. Debemos continuar exigiendo que las niñas, adolescentes y mujeres que tienen derecho al acceso a un aborto legal puedan ejercerlo en los términos que determinó la Corte Suprema hace ya tres años. Hay que leer bien las causales, no son muy restrictivas. El inciso primero del artículo 86 del Código Penal dice que el aborto es no punible en caso de riesgo para la vida o para la salud, y son dos cosas distintas. No dice riesgo insuperable, inminente ni grave. La salud, en la normativa argentina, es salud integral. No hay ningún motivo para leer la salud en ese inciso de una manera más restrictiva que en el resto del ordenamiento jurídico. Es un argumento parecido al del segundo inciso, ¿por qué leer el acceso al aborto en caso de violaciones solo para mujeres con retraso mental? No hay nada que autorice esa interpretación restrictiva. No estamos negando la necesidad de la legalización completa, pero las resistencias que hay hoy en día en el sistema de salud para garantizar el acceso al aborto legal, van a seguir ahí así se legalice, entonces hay que empezar a trabajar ahora. La falta de decisión política de los Ejecutivos obviamente no ayuda, hay una indeterminación. A nivel nacional hay una decisión de no hablar del tema, de sacarlo explícitamente de la agenda. Y los provinciales tienen situaciones diversas según el impulso que se le haya dado al acceso a la salud desde un enfoque de derechos, que incluya el acceso al aborto legal.