Era hora de que se termine el silencio de la sociedad mientras las fiestas de las compañías extranjeras se sucedían una tras otra sobre cada recurso natural del suelo argentino. Mientras la explotación minera irresponsable está en boca de todos y la cara represiva del gobierno nacional se ilumina demasiado, las tierras vírgenes del delta del río Paraná se están salvando por poco. La resistencia a la destrucción se hace fuerte.
Las posiciones se ven claras, lo borroso es el porvenir. Sergio Urribarri, gobernador entrerriano, había impulsado la 10.092 ley que entregaba a la creada Sociedad Anónima Arroz del Delta Entrerriano por noventa y nueve años la titularidad de la concesión para la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial, de las tierras fiscales de la Provincia que el Poder Ejecutivo provincial identifique como aptas para ser incorporadas al proceso productivo. El 26 de diciembre de 2011, la legislatura la aprobó. Organizaciones sociales, ONGs ambientalista, partidos políticos de oposición y vecinos autoconvocados resistieron a la medida, que Urribarri derogó el último 2 de febrero.
Durante un mes estuvo legalizada la explotación de tierras vírgenes del delta del río Paraná, lo que permitía el uso de agroquímicos en los humedales de las aproximadamente 150 mil hectáreas de islas. Elba Stancich, coordinadora de la campaña humedales de Taller Ecologista, explicó que los humedales son ecosistemas donde se combina tierra con agua. “Se los considera los más productivos del planeta. Albergan una gran biodiversidad y permiten la cría de los peces, lo que los hace fundamentales para la subsistencia de las poblaciones locales”, informa. Además, suministran agua dulce, ayudan a regular el ciclo del agua, ofrecen protección contra las inundaciones y tormentas. Por eso Stancich se adelantó a las críticas por pseudo-ambientalismo: “Si se los utiliza de una forma adecuada, se pueden realizar actividades económicas que convivan con las de conservación”.
El punto más álgido de la controversia se daba en la creación de un directorio que pudiera suscribir convenios con empresas públicas, privadas, nacionales y extranjeras. Por qué iban a creer que se iba a hacer un uso responsable de las tierras, sin agrotóxicos, si, como recordó Germán José Margaritini de Proyecto Sur Concordia, la empresa Bema Agri BV de Holanda, propietaria de 12 mil hectáreas en la isla de Victoria, fue denunciada hace tres años por secar lagunas, deforestar y levantar defensas, aún con las restricciones en vigencia.
La explotación sin controles, contó Stancich, consintió en la implementación de técnicas de continente en las islas: terraplenes sin estudios preventivos que modifican el ciclo biológico y, por tanto, la biodiversidad.
Jorge Daneri, dirigente de la Fundación M’Bigua, denunció que la ley fue sancionada en 48 horas, sobre tablas, sin debate político ni técnico de las áreas con competencia. Margaritini agregó que la medida representaba “un giro abrupto respecto del compromiso adoptado por el gobierno entrerriano al firmar el PIECAS-DP”. Para él, no solo hubiera transformado las islas, lagunas y arroyos en campos de cultivo de arroz, sino que hubiera también significado un beneficio para unos pocos, cuyos perjuicios se habrían repartido entre todos los habitantes de la cuenca. Desde cada espacio de difusión de las asociaciones en defensa del Río Paraná no se olvidan del Famatina, de los reprimidos de Tinogasta y de las asambleas que resisten a cada una de las empresas de megaminería a cielo abierto. Cada movilización incorpora “Famatina” al lado de “El Paraná no se toca”.