Bolivia: la elección de los jueces

Por Juan Carlos Pinto Quintanilla, director del Organo Electoral de capacitación para las elecciones judiciales del Estado Plurinacional de Bolivia

El Estado Plurinacional sigue desplegándose en los horizontes propuestos por la Constitución Política del Estado, que ha definido a partir de la problemática republicana y neoliberal que nos ha tocado vivir, el que la justicia es uno de los principales problemas de la convivencia y por tanto de las Democracias que hemos asumido como país.

Las instancias máximas de decisión en el Órgano Judicial, históricamente han sido un apéndice de los poderes de turno. Jueces colocados por parentesco o capricho de los dictadores de turno, o bien a dedazo partidario en la reciente democracia neoliberal; con el objetivo político fundamental de la preservación de los intereses particulares de los grupos de poder. En definitiva en Bolivia a lo largo de la historia nunca se ha concebido a la justicia institucional como un derecho de la ciudadanía, sino más bien como un favor de los sectores de poder, en tanto sus jueces representantes se debían a sus padrinazgos políticos y no a la población que simplemente sufría las decisiones o no decisiones del poder judicial. Las consecuencias han sido parte de la crisis del Estado republicano neoliberal, que ha sido incapaz de crear un sentido de integración nacional para la mayoría de este país y  permanentemente ha reforzado el argumento de la elitización señorial también y sobre todo de la justicia.

Habrá que recordar que los escribanos y doctorcitos de la colonia y la república siempre hicieron el papel accesorio de legalización del poder colonial y señorial. Este papel reproducía también el de contar con el privilegio del conocimiento como poder y artilugio a través del cuál el poder fluía como algo ajeno a los mortales y más bien como parte de un conocimiento casi divino dotado a personas especiales. Por eso los doctorcitos tachonan gran parte de nuestra historia republicana, como parte integrante del Estado y demasiadas veces como operadores directos del poder en la presidencia. El derecho por tanto concebido como espacio de poder, ha concebido el crecimiento de la expectativa social, cuando los procesos democratizadores ampliaron las posibilidades de acceso a la educación, de esta manera, las universidades tienen Derecho como la principal carrera en cuanto a cantidad de alumnos, que si no se insertan al mundo de la política viven de la extracción de recursos a la población a nombre del poder que poseen de darle legalidad a la vida y las posesiones.

En definitiva esta forma en la que el Derecho se ha desplegado en nuestra vida social, no expresa ni más ni menos que la forma en la que se ha concebido el Estado Republicano excluyente y hermético (cargado de simbolismos que sólo tenían la pretensión de divinizar el poder del derecho y de los que lo ejercían) porque no existía como pretensión histórica el de construir un país sino el de proteger los intereses patrimoniales de las oligarquías. En el último tiempo neoliberal, los partidos políticos se cuotearon descaradamente los nombramientos en el Parlamento, arrogándose espacios de poder judicial por largas temporadas que llegaban a los 10 años con derecho de reelección. Seguramente hubo algunos meritorios, pero la gran mayoría estuvieron en el marco del padrinazgo para ejercer sus funciones.

Los resultados de esta forma de organización de justicia, sólo constataron el imaginario de Estado republicano, con una enorme retardación de justicia en lo penal que ronda el 75% de presos en el país sin sentencia, y miles de expedientes en todo el marco de la justicia, que no tienen resolución y que en muchos casos están esperando la consiguiente “negociación” fraudulenta para la sentencia. Hubo algunos cambios que buscaban una mayor democratización de la justicia, sin embargo muchos fracasaron o están agonizando bajo la sombra de la corrupción institucionalizada y el padrinazgo político.

Por eso el espíritu constituyente tuvo que partir del fracaso de la justicia boliviana para proponer cambios en la justicia ordinaria que integraran además a la justicia indígena originaria campesina, en la misión de construir una nueva justicia plurinacional para un nuevo país. Pero además en los niveles máximos de decisión, donde más presión partidaria y de grupos de poder existía, se propuso una total democratización abriendo la elección al mandato del pueblo que será quién les otorgue la misión fundamental de hacer cumplir la Constitución y las leyes en el marco de una nueva justicia, acción pública por la que sobre la que en su cumplimiento serán juzgados.

El constituyente también propuso que la elección de los jueces por la población debía marcar un derrotero propia en la democracia. Es decir, la democracia representativa había convertido el proceso electoral en un espacio de mercado en el que los candidatos se valorizan apadrinados por los partidos o grupos de poder, y son exhibidos comercialmente por los medios de comunicación para convencer a la población de “adquirir” su voto ya sea a partir de ofrecimientos futuros o de dádivas entregadas en la campaña. Es una gran inversión de recursos de los promotores que pasarán factura a los elegidos en favores políticos, por eso la gran cantidad invertida en propaganda que permite a los medios de comunicación y principalmente a la televisión asumir que es su más importante momento de ganancia comercial.

Pero además y esto es más importante, el grado de inversión se convierte también en el eje rector de la decisión, pues los medios no nos informan de las cualidades y características de los candidatos, sino que los prefabrican como parte del marketing electoral para producir un proceso de inducción o manipulación mediática de la sociedad civil. La mayoría de los elegidos en la era neoliberal, han sido producto de una gran dosis de mercado junto a un menosprecio propio creado históricamente en el  pueblo. Tuvo que entrar en crisis el imaginario neoliberal para que también estas ideas neocoloniales hicieran aguas.

Los preseleccionados en la Asamblea Plurinacional, en esta nueva forma democrática y de acuerdo al Reglamento aprobado, podrán ser entrevistados o participar de espacios públicos en la primera etapa, para de esta forma ser conocidos por la población que los elegirá. Sin embargo en la etapa propiamente electoral, a cargo del Órgano Electoral Plurinacional, la presentación  de atributos y cualidades de los seleccionados, estará íntegramente a cargo de este órgano, para velar por la equidad en la participación, para evitar padrinazgos, así como impedir que los medios y quienes se encuentran detrás puedan inducir campañas que compren conciencias.

A pesar de que el Presidente Evo Morales decidió proponer el cambio del art. 82 de la ley 026, para que las prohibiciones mencionadas no fueran interpretadas como atropello a la libre expresión sino como limitaciones necesarias para lograr un proceso electoral equitativo; algunos medios de comunicación y también sectores opositores buscan generar polémica e interpelación al proceso de transformación constitucionalizado que hoy  vive el país vía cuestionamiento al proceso electoral de los jueces. Son evidentes las razones económicas de los medios, pero también las ideológicas que coaligan a opositores y medios de comunicación en torno a la “libertad de expresión” tan utilizada y al mismo tiempo tan vapuleada en su contenido por los grupos de poder opositores que tienen un bloqueo ideológico para comprender que la mentada libertad  es un derecho de todos los bolivianos y no sólo de los medios, que en definitiva en esta historia republicana y neoliberal, los medios se han atribuido el papel de portavoces de la opinión pública cuando nadie los ha nombrado y sin embargo hablan o escriben a nombre de todos.

Es tiempo de recuperar este espacio de decisión y que sea la sociedad civil la que opine y decida directamente, sin partidos que compren conciencias, ni medios que manipulen la decisión. Estamos apenas en las vísperas de un gran debate que debemos asumir, frente no sólo a los medios y portavoces opositores al proceso de cambio y la Constitución, sino también ante organismos internacionales que una vez más aparecerán para juzgar nuestra experiencia democrática desde las recetas liberales que temen el caos de las democracias que no controlan. Este país Plurinacional sin embargo continuará tercamente su caminar para cambiar la historia, para proponer a Bolivia y al mundo una mirada diferente del pluriverso en el que vivimos…

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