Frente al proyecto de Diputados de poder calificar de ilegales protestas sociales que son bien legítimas, la represión se ha recrudecido en todo el país utilizando desde infiltrados a balas de plomo y accidentes simulados.
A la altura del kilómetro 30 de la ruta Panamericana, donde se encuentra uno de los centros industriales más grandes del país, se toma el pulso de una realidad que involucra a trabajadores, gendarmes, automovilistas y a todos: el de la llamada “protesta social”.
Allí y desde hace años se discute cuerpo a cuerpo el derecho, la legitimidad y los límites de los reclamos laborales y también la respuesta del Estado frente a estos conflictos. Últimamente, apareciendo en su faceta más terrible: la coerción por parte de las fuerzas de seguridad.
En el último año se sucedieron una serie de represiones a trabajadores que tienen nuevas características, trazan una tendencia y rebotan en la campaña mediática y en los recintos políticos.
Mientras se discute en comisiones de la Cámara de Diputados un proyecto de ley -impulsado por Diana Conti, Carlos Kunkel, María Teresa García, Sandra Mendoza, entre otros, todos del Frente para la Victoria- que busca regular la protesta, Sergio Berni -Secretario de Seguridad de la Nación- dice que con el código penal basta para garantizar la circulación en las rutas federales. Patea el conflicto laboral al Ministerio de Trabajo que genera cada vez menos instancias de mediación, ciertos diarios publican como noticia la preocupación de los empresarios ante la preeminencia de comisiones internas obreras “de izquierda”, se difunden videos donde se demuestra la presencia de infiltrados en las manifestaciones, la gendarmería usa balas de goma, muestran armas de fuego, van con perros sin bozal, detienen ilegalmente y abren causas penales contra trabajadores.
Los casos de Lear y Donelley
“Cada vez son mayores los operativos”, dice de primera mano Jorge Medina, delegado de la comisión interna de la gráfica Donelley -cuya quiebra mereció la atención de la presidenta- y uno de los reprimidos en distintas secuencias de los últimos meses. La primera: el 8 de julio en la Panamericana cuando se acoplaban a la protesta de la autopartista Lear. Aquel martes se mostró el quiebre o el comienzo de la escalada represiva que siguió: “Había como una norma implícita de que toda protesta era en horario temprano, duraba un rato, venía gendarmería y se levantaba”, dice la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y representante de algunos trabajadores, Myriam Bregman. “El 8 de julio generó un cambio absoluto y es porque la gendarmería no vino a negociar y dijo: `se van ya mismo porque vamos a pasar por acá, por arriba de ustedes´”.
El delegado Medina recuerda de la jornada: “La gendarmería avanza y nosotros retrocedemos, pero no nos dejan bajar de la ruta porque nos pusieron a la bonaerense al costado. Entonces empezó la represión y los disturbios, y en lugar de durar un rato la protesta duró todo el día. Hubo heridos, detenidos, ambulancias…”.
La siguiente represión ocurrió en Ciudad de Buenos Aires, cambiando también el actor represivo -esta vez la federal-: fue el jueves 26 de junio cuando trabajadores de Lear y Donelley marcharon desde Callao y Corrientes hasta la Cámara de Comercio Estadounidense, en contra de los despidos y suspensiones. Aquel día la policía tiró gases, rapartió palos y llevó detenidas dos personas a la comisaría 5°.
En ambos casos, las represiones fueron respaldadas por declaraciones de Sergio Berni apelando a la “libre circulación” de rutas y calles, es decir planteando el viejo dilema del derecho a circular por sobre el derecho a la protesta. La nueva arista resultó ser la demonización de los sindicatos “de izquierda” como crítica a la forma de llevar adelante los reclamos. “Es como que el foco de la criminalización lo están poniendo ahí, buscando el izquierdómetro y a partir de eso el origen de la protesta parece que no son los 200 despidos sino que es porque son de izquierda”. El delegado Medina opina sobre los métodos de protesta: “Los cortes y los piquetes son los métodos tradicionales de la clase trabajadora que nos permitieron conquistas históricas, como las jornadas de ocho horas. Hay que tener en cuenta que, si llegamos a ese punto, es porque todas las otras instancias se agotaron”. Medina apunta al cerco entre la empresa, el gremio cómplice y el Ministerio de Trabajo. En los casos de estas empresas, luego de años de comisiones internas que respondían a la llamada “burocracia sindical”, y con el pulso de las explotaciones cotidianas, han ido ganando terrenos comisiones internas más combativas que no se quedan de brazos cruzados, cuestión que no implica que sean todas de izquierda: “De la comisión interna de Lear sólo uno se reivindica como `de izquierda´”, cuenta.
Con Berni al frente de las represiones, otra parte del oficialismo discutiendo la regulación de la protesta, la presidenta Cristina Fernández se encargó de ir contra las maniobras empresarias en Donelley al anunciar que se iba a aplicar la Ley Antiterrorista a sus directivos: planteaba que la gráfica tenía accionistas de los fondos buitre y que la declaración de su quiebra era una maniobra especulativa en contra de los intereses del país. Medina interpreta: “Estamos a favor que se revise el accionar de la empresa, pero no apoyamos la Ley Antiterrorista, porque sabemos que se le aplica una vez a una empresa y cien veces a los trabajadores”. Actualmente Donelley se encuentra bajo control de los trabajadores mientras se resuelve su situación en una serie de audiencias en el Ministerio de Trabajo: “Nosotros planteamos la estatización de la planta con control obrero. Nos dijeron que sólo estatizaban servicios, pero nosotros podemos brindar un servicio de imprenta para el Estado”, dice Medina.
Denuncias y decreto
La abogada Bregman cuenta que, desde entonces, “estamos metiendo una denuncia por semana”, en referencia a las causas abiertas por el Estado contra los trabajadores y que éstos responden con denuncias a las propias fuerzas de seguridad. “Pedimos como medidas de prueba que gendarmería diga bajo qué protocolos de actuación intervinieron. Si fueron con perros sin bozal, tiraron balas de goma para dispersar, no dialogaron, ¿en qué protocolo está eso?”.
La pregunta apunta al decreto que la Secretaría de Seguridad, en 2011 a cargo de Nilda Garré, promovió para regular la actuación policial en manifestaciones sociales: entre otras medidas se prohibía la portación de armas de fuego, se restringía el de balas de goma únicamente al “uso defensivo” y obligaba al personal de la fuerza a portar una identificación advertible a simple vista. Estos estándares se habían fijado como resultados de la represión que terminó con muertos en la toma del Parque Indoamericano y del crimen de Mariano Ferreyra.
“Se había logrado una base de discusión importante que se pretendía que avance a contextos provinciales”, dice Paula Litvachky, responsable de Violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Incluso provincias que acataron los 21 puntos del decreto mostraron practicas muy regresivas también: Jujuy, Chaco, Tucumán; esto no pasa sólo acá. Se vienen viendo situaciones complejas con respuestas policiales regresivas y ahora aparecen con más preocupación algunos retrocesos de las propias fuerzas federales”. Litvachky enumera: “Portación de armas de fuego de policías, uso de escopetas de balas de goma para disuadir, uso de perros, preponderancia del operativo policial y situaciones particulares como el gendarme al que se vio tirarse arriba del auto simulando un accidente o la persona que aparece de civil como infiltrada. Esos son elementos preocupantes”.
-¿Qué cambió? Las respuestan parecen ser dos:
-“La frecuencia con que se están dando las protestas, y en el modo en cómo se están respondiendo. Vemos con preocupación cómo posiciona el Estado en la mayoría de los casos con una respuesta policial antes que política. Sin una actitud ingenua, a veces estas mediaciones políticas son complejas, pero estamos planteando que si bien esto es complejo y no tiene una respuesta unívoca y hay distintas miradas que hay que entender, nuestra preocupación y alerta, sobre todo por la historia de nuestro país, es la respuesta policial que se está dando a las protestas y los hechos de mayor violencia que se están produciendo.
– En esos términos el rol del Ministerio de Seguridad es central en reafirmar esos criterios de actuación más allá de la discusión que pueda haber política sobre los conflictos, y entendiendo que no se puede admitir que se retroceda sobre esos avances para la protección de las personas que protestas y de todas en general”, asegura Litvachky.
Cómo avanzar
“La discusión para nosotros es que tenga mejor rango normativo”. Litvachky aclara que refiere esto para volver a respetar los estándares planteados en 2011 y no a la ley que se discute presentada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria en abril. En él, los puntos más polémicos giran en torno al planteo de declarar protestas como “legítimas” o “ilegítimas”. Para ser considerada “legítima” una protesta debe no impedir el funcionamiento de los servicios públicos -educación, salud, seguridad-, permitir la circulación parcial de personas y vehículos, especialmente la de grupos vulnerable, y establece que los organizadores deben informar de la manifestación ante la autoridad policial con 48 horas de anticipación: lugar, tiempo de duración, objeto de la protesta y manifestante delegado. Se crea la figura del “mediador” quien se contempla como “personal civil” del Ministerio de Seguridad y tendrá entre sus funciones pactar condiciones del “cese de la perturbación a derechos de terceros y canalizar las demandas al área correspondiente”.
Por parte del CELS Litvacky remarca sus diferencias con el proyecto: “Para nosotros es preocupante que se sostenga la separación entre protestas legítimas e ilegítimas, pacíficas y no pacíficas, pero sí sería muy importante que se le de rango legislativo a criterios de actuación policial en la línea que venimos charlando. La preocupación es que se quiera legislar en forma restrictiva y dando lugar a esta idea de que la protesta es abusiva o ilegítima. A partir de ahí hay que ver cuál es la propuesta que avanza, que no está clara la discusión ni dentro del propio bloque”.
Unas buenas
Las pocas buenas noticias en este sentido tienen que ver con dos decisiones judiciales que ponen en jaque el accionar de las fuerzas de seguridad en dos casos relevantes: el de la represión por parte de la Metropolitana de la Sala Alberdi, y la que investiga a la Gendarmería por el llamado Proyecto X.
Por la primera, el 13 de agosto fueron detenidos Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa, dos efectivos de la Metropolitana acusados de “tentativa de homicidio simple” de los periodistas Esteban Ruffa y Germán de los Santos, quienes recibieron impactos de bala de fuego aquella jornada. Analiza Litvachky: “Se sostiene que integrantes de la Metropolitana intervinieron de forma ilegitima en un procedimiento. Eso es muy importante por un lado porque rompe con las resistencias y las inercias judiciales que limitan los avances de los casos. Y por otro, porque el Gobierno de la Ciudad no ha condenado ni ha criticado la actuación policial cuando tienen este tipo de desenlaces. No ha habido un mensaje político manifestando que no está de acuerdo con este tipo de actuación policial. Y lo resuelto por la Justicia es muy claro: no se puede seguir admitiendo este tipo de prácticas. Lo que se debe exigir es una actuación administrativa, porque no son dos policías que se volvieron locos: acá hubo una seguidilla y aparece como una especie de patrón de intervención de la Metropolitana”.
La otra causa que apunta contra efectivos de la fuerza toca a gendarmes, en este caso investigados por su actuación en el llamado Proyecto X: un software de Gendarmería Nacional que reúne informes de todo el país desde, al menos, 2004 hasta 2012, referidos a movimientos sociales, gremios, partidos políticos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos, padres y madres de las víctimas de Cromañón, referentes villeros y centros de estudiantes. La causa estudia si el recabado de esta información es legal o no, y de la forma en que se obtuvo: infiltraciones, seguimientos, espionaje. Por la misma estaban citados a indagatoria una serie de gendarmes el último 12 de agosto, pero ninguno se presentó. No sólo eso: recién ese día designaron un abogado defensor y pidieron sacar copias de la causa. Dice Bergman, la denunciante del caso: “Recién ahora los gendarmes se dieron cuenta que tienen que defenderse. Que ya no es, como dijeron, una causa inexistente, sino que es una cosa seria por la que deben dar respuestas. Llega en un momento en que la intervención de gendarmería se reagudiza con las mismas características que denunciamos en esta causa”.