El qarashe de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh Felix Díaz está acampando en 9 de Julio y Avenida de Mayo desde el 14 de febrero. Reclama, con el apoyo de su pueblo, poder conocer sobre las obras del gobierno formoseño de Insfrán en territorio indígena. Del otro lado, reprimen.
Félix Díaz no cuenta detalles de las agresiones que sufrió su familia y la comunidad qom de la que es lider, especialmente desde el 13 de febrero. No naturaliza ni los insultos, ni las intimidaciones, ni las amenazas, ni los golpes. Los carga encima y se los lleva al hombro hasta la 9 de Julio y Avenida de Mayo, a un kilómetro de la Casa Rosada, uno del Congreso, uno de Tribunales y a 1341 de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh. Ahí, en medio de los Poderes del Estado, donde ya acampó en 2011 durante cuatro meses, aguanta otra vez desde el 14 de febrero. Ahí siente que más gente detiene un segundo la mirada en las banderas. Alguno que otro para a preguntar. Las reacciones son diversas. En la marcha del 18F, un hombre paró con el celular a la oreja, frente a la carpa de Félix, debajo de una enorme Wiphala y ubicó a su interlocutor: “Acá, donde están los indios”. Ante ese hombre también intenta Félix visibilizarse y dejar de ser el miserable al que están privando de agua, de información sobre sí mismo y su territorio.
Estaba ya en Buenos Aires para hacer gestiones ante organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales para conseguir información sobre las obras que está haciendo el gobierno provincial formoseño presidido por Gildo Insfrán en la comunidad desde hace más de cuatro años. El 14 de febrero lo sorprendieron llamados contándole que estaba tomando envión un espiral de agresiones en su comunidad. Hacía varios días que la comunidad estaba haciendo un corte de la Ruta Nacional 86 kilómetro 1341.
En ese mismo lugar, el 23 de noviembre de 2010 fue asesinado Roberto López durante la represión a los qom que reclamaban por tierras ancestrales. Desde entonces, la zona es área de muerte qom. La metodología es el supuesto accidente. Mario López, atropellado el 24 de noviembre de 2010. Celestina Jara y su nieta Lila Coyipé, el 10 de diciembre de 2012. Juan Daniel Asijak, el 5 de enero de 2013, aunque según testigos pudo haber sido golpeado y el siniestro, una invención. A 5 kilómetros está la casa del gobernador de la provincia, Insfrán, que todavía no los atiende.
“Que se cumpla el derecho al acceso a la información”, exigen ahora.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, artículo 11:
2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.
“El gobierno de la provincia destinó varias viviendas a la comunidad, pero hace cuatro años que se está construyendo y no conocemos a las cuatro empresas constructoras, ni qué monto de dinero se destinó, ni hasta cuándo puede durar la obra”, explica el líder de Potae Napocna Navogoh. Venía reclamando esa información formalmente a través de presentaciones de notas. No contestaron ni el ministro de Seguridad y Trabajo, ni el Instituto Provincial de la Vivienda, ni el ministro de Salud. “Nunca fueron contestados los reclamos. Por eso cortamos la ruta. En vez de resolverlo, la Provincia contrata a pastores evangélicos para decir que somos opositores manipulados por ONGs. No reconocen que el reclamo es justo. No hay ni siquiera un cartel con la información. Lo que queremos es transparencia en todos los trabajos que se destinen a la comunidad indígena”, sigue el qarashe Diaz.
El gobierno no contesta con información, pero contrataca con arietes: “Díaz junto a miembros de algunas ONG con llegada a medios de comunicación de Buenos Aires, utilizan situaciones de la cotidianidad de la vida comunitaria, como ser un accidente de tránsito o una afección de salud, incluso discrepancias sociales internas entre vecinos, para mentir, manipular y dañar la imagen de una provincia y sus habitantes, tratando de hacer creer que todos los formoseños somos cómplices de una supuesta persecución a las comunidades indígenas”, indica el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González. La táctica ya la conoce Félix Díaz: “El gobernador financia las actividades de patoterismo de la misma comunidad indígena: pastores de la iglesia evangélica, asociaciones civiles… Los presiona a través de la asistencia social, la pensión provincial, planes. Si los indígenas no actúan, a través de una orden del gobierno se les sacan esos beneficios. Como hay mucha pobreza, el gobierno juega con eso. Lo usa para seguir diciendo que está todo bien, que los indígenas no necesitan nada”.
Hay 850 familias y el gobierno de la provincia está construyendo alrededor de 300 viviendas desde 2010. El líder qom denuncia que hay una mala distribución en la que algunos punteros políticos tienen cinco viviendas mientras hay familias que no tienen nada: “Nosotros salimos a dar la cara en los reclamos y ellos se apoderan de los resultados”, se queja. Las protestas, además, no son gratuitas. Esta semana, durante el corte de ruta la hermana de Félix Díaz, de 97 años, fue agredida físicamente e insultada. Antes, les había tocado a Clemente Sanagachi y a Valentín Yaecle.
El sábado a la mañana hubo un altercado porque el gobierno mandó a las máquinas de construcción, custodiadas por policía y gendarmería. La comunidad no quiso que entraran hasta que se destrabara el conflicto. Exigió que se resuelvan los pedidos en general: conocer cuántos recursos económicos están destinados a cada obra en vivienda, electrificación rural, agua potable, salud y caminos. “El cable que se instaló hace 5 años no está conectado a la energía; la red de agua potable no está distribuida a la totalidad de la comunidad. El agua potable da dos horas por día. Con este calor terrible, la necesidad de la gente es mucha”, ejemplifica Félix Díaz desde el acampe en la Avenida 9 de Julio porteña.
El enviado del gobierno es Hugo Arrúa, Administrador General del Instituto de Pensiones Sociales. Díaz asegura que su misión es ir a dividir a la comunidad. El titular del IPS y su esposa Elizabeth Obregoso. según el líder qom, «no dejan de generar conflictos internos y bronca». Hugo Arrúa es quien hace un año desmentía que el hijo del qarashe hubiera recibido una golpiza por cuestiones políticas. Según sus palabras, fue «una pelea entre muchachos” que “estaban bebiendo”.
Para Félix, esto se suma a otras formas de división que encuentra el Estado, como dar dos personerías jurídicas a fracciones diferentes de la comunidad. Una de ellas, otorgada por la Provincia y otra por la Nación. “La primera, la Asociación Civil, nunca fue elegida por la comunidad, sino que el gobierno pone a sus hombres de confianza para estar al frente de ésta. Esa es la diferencia, una que está por encima de la comunidad y la otra que es la de la propia comunidad que administra sus propios intereses como la agricultura, ganadería, caza, pesca y uso de los recursos para la artesanía, que son nuestras costumbres”, contó. Así no solo pierden sus hábitos, su cultura. También el sentido de comunidad. Las divisiones sembradas desde afuera permanecen en el tiempo. “A la noche (Arrúa) se retira del territorio después de haber sembrado discordias, Nosotros nos quedamos. Si yo me peleo con mi hermano, todo el resto del día me lo sigo cruzando. Así, el gobierno nos trata de dividir”, teme Félix.