Un paso adelante, dos atrás. Las esperanzas de una parte de la sociedad colombiana se hizo pedazos cuando el miércoles 24 de abril el Congreso echó por la borda la Ley de Matrimonio Igualitario propuesto por el propio partido gobernante –Partido de la U- y militado por años y años por tantas organizaciones y ciudadanos. Medievalismo, insultos, presiones y una legislación permisiva pero no completa fueron el saldo de todo este debate que nuevamente llenó de luz un viejo problema: ¿hasta qué punto las concepciones religiosas pueden determinar los derechos de una sociedad dentro de un Estado constitucionalmente laico?
Seis años de espera
Desde el 2007 los derechos de las parejas homosexuales se hicieron eco en la opinión pública luego de que la Corte Suprema reconociese que la unión de dos personas del mismo sexo constituía una familia a la vez de aceptarles el derecho a la seguridad social, a la pensión y a la herencia; siguiente paso era entonces el matrimonio. Cuatro años más tarde, la Corte le daba al Parlamento, mediante la Sentencia C-577, dos años para conformar una ley que reglamentase este tipo de alianzas. En caso de no cumplirse este mandato las personas de mismo sexo podrían ir a un notario y pedir una unión legal, no matrimonio, que debería ser concedida.
A partir de esa fecha empezaron los movimientos en todas las direcciones: Armando Benedetti del Partido de la U presentó el proyecto de ley, la Iglesia y asociaciones cristianas iniciaron su campaña a favor “de la vida, la familia y el matrimonio” – desempolvando los más áridos pasajes del Antiguo Testamento- y las organizaciones a favor de los derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT), en viraje opuesto, sus movimientos para contrapesar la catarata homófoba que inundaban las ciudades.
Pero, ¿cómo fue tomado el pliego presentado por el senador por la comunidad LGBT? Luis Felipe Rodas, militante de los Derechos Humanos y (por ende) de la comunidad LGBT nos cuenta: “En general el Proyecto fue visto como algo muy positivo para la comunidad, aunque hubo un par de voces en contra que consideraban que debíamos esperar hasta el 20 de junio para dar cumplimiento a la Sentencia C-577. Sin embargo estamos exigiendo el Matrimonio Igualitario, no aceptaremos términos diferentes, por ello la mayoría de organizaciones y personas de la comunidad LGBTI, vimos el proyecto de Benedetti como un proyecto que nos reconocía plenamente y que garantizaba nuestro Derecho al Matrimonio”
Recién en el mes de abril del 2013, seis años después de la primera sentencia judicial, se dirimió en los pasillos del Congreso la posibilidad histórica de ampliar las libertades civiles a este grupo históricamente violentado, excluido y desprotegido.
Un mundo de odios
Ostentando el puesto número 16, Colombia es uno de los países con la mayor tasa de homicidios del mundo según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito[i], con una tasa del 31%, por encima de territorios como el Congo y México, y duplicando la media americana. La población LGBT es particular damnificada en este clima de alta violencia, debido a que son blanco fácil para los crímenes de odio, como por la impunidad en que quedan estos casos debido a la desidia y omisión de la policía, la justicia y el propio gobierno.
El último informe realizado por la organización Colombia Diversa[ii] del bienio 2008-2009 mostraron la muerte de 127 personas LGBT por razones ligadas a su orientación sexual. Junto con esto, en 81 de los casos no hubo ningún tipo de investigación, solo en 5 hubo una sentencia y en 10 se estaba llevando a cabo una investigación penal. El departamento de Antioquía cosechó el 51 de las víctimas, siendo segundo con un tercio el departamento de Valle de Cauca y tercera Bogotá con 14.
Por último, las 127 muertes remarcaron un aumento de treinta víctimas más del bienio anterior, 2006-2007, con 99, con poco menos de la mitad quedando impunes.
“Es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio”
A lo largo de las primeras tres semanas del 2013 se desarrolló este conflicto, primero en la opinión pública, luego en las butacas parlamentarias.
-9 de abril: El Episcopado colombiano envía una carta los Senadores, instándolos a respetar la Constitución nacional que consagra al matrimonio como propio del hombre y la mujer. Firmado por el Cardenal Rubén Salazar López, Arzobispo de Bogotá y José Falla Robles, Obispo Auxiliar de Cali afirmaban que “dado que las uniones de personas del mismo sexo poseen, incluso biológicamente, características que las diferencian netamente de la unión que se establece entre un hombre y una mujer, sería injusto otorgarles el «privilegio» de un reconocimiento y de una tutela jurídica que pueda equipararlas al matrimonio o a la familia. La justicia exige que dichas realidades sean asumidas por el Legislador con un criterio diferencial. La justicia, en efecto, no es dar a todos lo mismo sino a cada uno lo que realmente le corresponde”. Tal vez, el lector entre tanta Palabra Santa y las brumas del Espíritu Santo se haya perdido, así que subrayemos un punto clave en la posición eclesiástica: “El Estado tiene, ciertamente, la obligación de eliminar toda forma de discriminación injusta que pueda ser ejercida contra los homosexuales o contra cualquier otro ciudadano (…) muy distinto, es querer brindar a estas uniones un reconocimiento jurídico que, implícitamente, subvierte el orden establecido por la naturaleza humana y por nuestro marco constitucional y legal”[iii].
-Siendo un país con fuerte presencia de grupos evangelistas, ¿cuál fue su posición?
–Luis Felipe Rodas: Jugaron un rol significativo, de hecho hubo un pacto firmado por el actual presidente del Congreso, el Senador Roy Barreras, con una Iglesia Cristiana donde se comprometía a no aprobar el matrimonio para las parejas del mismo sexo, todo esto con el fin de poder ganarse los votos de tantas y tantos cristianos en Colombia. v
Los Senadores del Partido Político MIRA, un partido formado por integrantes de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, también hicieron presión ante los Congresistas para que este proyecto no fuera aprobado.
-23 de abril: nuevo debate parlamentario. Durante seis horas los diferentes grupos políticos postularon sus posturas. Cabe especial mención al más de 40 años senador nacional Roberto Gerlein, quien incluso más papista que el Papa denunció a las relaciones entre personas del mismo sexo como: “sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, es un sexo excremental”, pero fue más allá en su clase de biología: “A mí nunca me ha preocupado mucho el catre compartido entre mujeres, porque ese homosexualismo no es nada y sin trascendencia, pero compartido por dos varones es un sexo sucio”. Gracias señor senador por la palabra.
–¿Cómo convivió la el carácter de Estado laico con las argumentaciones religiosas a la hora de legislar este hecho?
–Luis Felipe Rodas: La Constitución Política de Colombia reza que este es un Estado Social y de Derecho, pluralista y diverso, democrático y participativo, eso es lo que debe respetar el Congreso.
Nos encontramos con el Señor Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación y fanático religioso, quien se ha opuesto enérgicamente al reconocimiento de nuestros Derechos, ha buscado la manera de manipular y manejar al gobierno colombiano, para votar en contra todos los proyectos de Ley que busquen reconocer nuestros Derechos.
Carlos Monsivais, escritor mexicano, ya lo ha dicho: «en la homofobia el prejuicio se vuelve ley», eso pasa en Colombia, los prejuicios se vuelven Ley.
-24 de abril: Voto en el Senado. 51 contra el proyecto de ley, 17 a favor, mientras afuera los grupos reaccionarios vitoreaban: “No callaré, no callaré, el matrimonio es entre un hombre y una mujer”.
DOCUMENTOS/INFORMES_DH/documentos/SituacionderechoshumanospersonasLGBT2008_2009.pdf
[iii] http://www.lafm.com.co/noticias/cardenal-ruben-salazar-se-135670